Prevención de Blanqueo de Capitales y la LOPD

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante LPBC-FT) impone a los sujetos obligados por la misma una serie de obligaciones tendentes a la prevención del blanqueo de capitales que necesariamente supone el tratamiento de datos de carácter personal: deberes de diligencia debida, comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), etc….

La naturaleza de las obligaciones que impone la citada LPBC-FT y las especialidades exigidas por la misma implica la creación de ficheros específicos.

El artículo 32 de la LPBC-FT, bajo la rúbrica “Protección de datos de carácter personal”, es el más directamente relacionado con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida que establece lo siguiente:

El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.

Por su parte el artículo 2 de la LPBC-FT establece quienes son los sujetos obligados por dicha normativa.

Del contenido de ambos preceptos, y siguiendo el criterio adoptado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), os informamos que se deberá dar de alta un nuevo FICHERO que denominaremos “PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”, para aquellos sujetos que desarrollen cualquiera de las siguientes actividades:

– Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.

– Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales.

– Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

– Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

– Las actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos.

– Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.

– Las actividades de inversión filatélica y numismática.

– Las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.

– Las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.

– Fundaciones y Asociaciones. Todas sin excepción sean o no de titularidad pública.

Con la premisa de que facturen más de 2 millones al año y más de 9 empleados.

En resumen, desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, la normativa del blanqueo de capitales nos obliga, según el artículo 32 de la misma se debe crear un nuevo fichero para las finalidades establecidas en la normativa de blanqueo de capitales e inscribirlo en la AEPD.

La inclusión de los datos de carácter personal de los afectados estará exento tanto de la obligación de información como del consentimiento exigido en la LOPD en cumplimiento de la propia Ley, así como tampoco se prestará el consentimiento para la cesión de dichos datos a la autoridad competente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

No serán de aplicación a los ficheros y tratamientos las normas contenidas en la LOPD referidas al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley.

El fichero o ficheros creados por las empresas obligadas a ello deberán cumplir con las MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal.

La existencia de este fichero “Prevención del blanqueo de capitales” implica, pues, la adopción de medidas de seguridad de nivel ALTO y por consiguiente un nuevo argumento técnico-jurídico que avala la obligatoriedad de la auditorías establecidas en los Art. 96 y 110 del Real Decreto 1720/2007 sobre protección de datos de caracter personal.

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Ojo con tus datos

Como bien debes saber la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal o LOPD es una materia que tomó importancia en los últimos años, convirtiéndose en una obligación a cumplir por empresas y autónomos si no quieren estar expuestas a duras sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Con adaptacionalalopd.es puedes adaptar tu empresa a Protección de Datos en tan sólo 48 horas.

Ayudas Comercio Electrónico. Convocatoria de ayudas para Pymes

Abierto el plazo por la Consellería de Economía e Industria para la concesión de subvenciones para el acceso a nuevas fórmulas y medios de comercialización en el sector del comercio.

Concepto subvencionable:  Nuevos sistemas de comercialización que combinen el comercio online y offline, poniendo a disposición del cliente recursos tecnológicos, así como la implantación y actualización de Tiendas online, páginas Web o aplicaciones para dispositivos móviles, dirigidas a mejorar la comercialización de productos y que cuenten con tienda online y pasarela de pago.

 

Consellería de Economía e Industria.
Importe máximo subvencionable: 6.000,00 €

Porcentaje de subvención: 50 %.

 

Fecha límite: 11 de Marzo del 2015

La Junta de Andalucía tiene JURISDICCIÓN UNIVERSAL para sancionar páginas webs en materia de consumo.

La Junta de Andalucía tiene JURISDICCIÓN UNIVERSAL para sancionar páginas webs en materia de consumo.

 

En el día de hoy hemos recibido la llamada de una empresa compañera del sector solicitando información ya que dispone de un cliente que ha sido denunciado por la delegación del gobierno en Málaga. Servicio de Consumo. La denuncia, pues por un incumplimiento en materia de consumo según la legislación andaluza y por incumplimiento del Art 27 de la LSSI.

Concretamente el acuerdo de iniciación del expediente sancionador es por no indicar correctamente en su página web del domicilio completo del empresario y no informar a los consumidores sobre el derecho de desistimiento* o más conocido como derecho a devoluciones.

*El derecho a desitimiento es la facultad de un consumidor de un bien para devolverlo al comercio dentro de un plazo legal, sin tener que alegar ni dar ninguna explicación al respecto ni sufrir una penalización.

A esta empresa, especializada en venta online de productos de alimentación le podrían sancionar en dos motivos y la cuantía le podría oscilar entre los 200€ y 5000€ cada una.

Hasta aquí todo correcto ya que lo cierto es que esta empresa, por un motivo u otro, los cuales desconozcocemos, no tenía del todo correcto redactado estos aspectos en su página web.

Hemos de puntualizar que en versiongalega.com estamos de acuerdo en todo momento que todas las medidas legalmente adoptadas para la defensa tanto del consumidor como de la empresa o empresario son necesarias y en algunos casos son incluso escasas, pero existen una seríe de cuestiones que se deben aclarar, cuestiones que nos hacen reflexionar o incluso nos hacen dudar muy y mucho de que dicha Junta no este utilizando esta Ley para otra finalizad la cúal no sea la defensa del consumidor.

Bien, previamente y con el consentimiento de este cliente, esta empresa compañera del sector nos pidio que analizaramos dicha sanción y le comentaramos nuestra opinión al respecto. A lo cúal hemos aceptado gustosamente.

Después de analizar este caso, nos hemos dado cuenta de una serie de cuestiones las cuales nos hacen reflexionar ya que dicha empresa especializada en la venta online de alimentos tiene su domicilio fuera de Andalucia y nunca ha tenido clientes ni denuncias en la provincia de Málaga.

Aviso importante: Esto es fácilmente demostrable debido que todo cliente debe registrarse previamente en la web para poder realizar un pedido y por lo tanto debe existir un número de pedido, una factura emitida y envíada, un pago realizado y un largo etc…

Por lo que entendemos que La Junta de Andalucía se declara competente y con jurisdicción universal para cualquier asunto de comercio electrónico, es decir, que pueden sancionar a cualquier web o tienda online del territorio español, sea cúal sea el domicilio fiscal de la empresa o si disponen o no de clientes de su comunidad.

Repetimos, La Junta se proclama la jurisdicción plena y por ende para sancionar a cualquier página web alojada en territorio español.

En este caso concreto, hemos podido comprobar que no ha existido daño alguno a ningún andaluz, no ha existido contratación con la web y más aún, se saltaron a la torera las reglas de localización fijadas por las directivas europeas.

Las administraciones públicas deben velar por la legalidad y en el caso que se expone, ni siquiera se ha lanzado el requerimiento previo de subsanación de errores en la web.

Se ha actuado directamente mediante el expediente sancionador. La actuación lógica es solicitar la modificación de las cláusulas antes de sancionar.

En resumen: Por lo que nosotros entendemos, este cliente debe recurir en el plazo establecido y aportar todas las pruebas necesarias para poder minimizar lo más posible dicha sanción.

Hemos detectado que existe un grave error en esta denuncia por parte de la Junta de Andalucia.

Dicho error es que sancionaron una tienda online que se dedica al sector de la alimentación. Sector que está fuera de esta LEY.

¿Y porqué el sector de la alimentación no están sujetas a la Ley del Derecho a Desitimiento?

Muy fácil de entender, un consumidor no puede probar un alimento como por ejemplo unas chulestas frescas o una lubina y a los 14 días devolverlo sin explicaciones.

¿Qué supone esto?, pues fácil, resulta que a partir de ahora cualquier PYME que desarrolle actividades en la red, tendrá que buscarse un abogado para que le redacte y adapte todo el contenido de su tienda online a las leyes estatales, a las 17 leyes autónomicas, a los fueros de las Diputaciones, a las ordenanzas municipales en materia de consumo de los 8.500 ayuntamientos y ya que estamos, que le adapte también dichas condiciones legales para operar con China, por si allí también tienen alguna jurisdicción universal sobre la red y el comercio electrónico, tal y como tiene la Junta de Andalucía.

Si eres cliente de versiongalega.com y deseas que nuestro equipo de atención al cliente os revise vuestros textos legales de forma gratuita, por favor contacta con nosotros. Un saludo.

versiongalega.com

Estudio creativo vale por 2:)